Garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir atención especializada en el Sistema Nacional de Salud

Entre otras muchas circunstancias, la pandemia por COVID-19 ha puesto de relieve las precarias condiciones laborales de los profesionales sanitarios y la falta de planificación en materia de recursos humanos en los sistemas públicos de salud. La improvisación y el cortoplacismo podían ser comprensibles al inicio de la pandemia, pero tras dos años procede actuar con responsabilidad y cuidando las máximas garantías asistenciales para los usuarios del Sistema Nacional de Salud. La situación de excepcionalidad por la pandemia no puede ser la excusa para vulnerar derechos y deben evitarse todos aquellos cambios estructurales que no redunden en hacer efectivo el derecho constitucional que garantiza una mínima protección de la salud de los ciudadanos.

Tras cerca de 36 años de la Ley 14/1986 General de Sanidad que crea el Sistema Nacional de Salud, con un claro énfasis en la formación sanitaria especializada de sus profesionales (Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias) y en la cohesión y equidad de las prestaciones en el conjunto del estado (Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud), la experiencia acumulada acredita la importancia que tiene contar con profesionales específicamente formados para prestar sus servicios en un contexto con unas características muy singulares como es la sanidad pública. Profesionales que, muchas veces, compensan las pésimas condiciones materiales con su vocación de servicio. Obvia señalar que mejorar sus condiciones laborales y reducir la temporalidad repercutirá en un mejor servicio para el ciudadano.

En el momento actual, el Sistema Nacional de Salud carece coyunturalmente de profesionales especializados de la medicina, la enfermería y la psicología clínica. Las causas se encuentran en la falta de planificación en la formación MIR, EIR y PIR, unido a unas condiciones de presión asistencial muy frustrante para pacientes y profesionales. Por el contrario, lejos de actuar contundentemente ante esta situación, asistimos a medidas políticas que, o bien amplifican la subcontratación y externalización de servicios públicos, o bien promueven directamente la propia precarización de la atención pública. En este último punto, destaca el programa de Benestar emocional i salut comunitaria a l’Atenció Primària de Salut i Comunitaria desarrollado por el Departament de Salut de Catalunya en septiembre de 2021.

Un programa que nace de forma unilateral, sin el consenso de las sociedades científicas más representativas del ámbito de la psicología clínica, la salud mental y la atención primaria. Además, entendemos que afecta negativamente a la Psicología General Sanitaria al encargarles realizar funciones propias de otras profesiones, que afecta de manera negativa a la imagen de la psicología al contratar profesionales en condiciones en las que no pueden ser de utilidad, que provoca el rechazo en pacientes y profesionales ya que ni siquiera pueden realizar atención directa, que su legalidad es cuestionable a la luz de la normativa actual y lo que es peor: genera la ficción de realizar prevención en salud mental y atención psicológica en lugar de dar de forma efectiva este servicio al que tiene derecho la ciudadanía.

Creemos que es nuestra responsabilidad apostar por un Sistema Nacional de Salud donde la atención psicológica sea una pieza esencial del sistema y no un adorno estético o contable. Por este motivo, desde octubre de 2021 se han realizado diversas medidas de información a las administraciones encargadas del programa de Benestar emocional i salut comunitaria a l’Atenció Primària de Salut i Comunitaria y se han realizado solicitudes de mejora de dichos planes, obteniendo respuestas parciales y poco satisfactorias. Este comunicado sirve para clarificar que, en la actualidad, nos encontramos agotando la vía administrativa y que tenemos tanto los recursos como el compromiso de realizar cuantas acciones sean necesarias para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir atención especializada en el Sistema Nacional de Salud.

(descargar el comunicado en PDF)

 

Junta Directiva
Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes – ANPIR